La
política criminal, en tanto herramienta del Estado para responder al fenómeno
delictivo, debe concebirse como un sistema complejo, dinámico y profundamente
articulado con los valores democráticos, los derechos humanos y el interés
social. En Costa Rica, una política criminal estatal adecuada no puede
limitarse a la represión del delito mediante la acción penal; debe diseñarse
integralmente, abarcando la prevención, la persecución, el tratamiento
penitenciario y, más allá, la reinserción social; en este sentido, el enfoque correctivo
tradicional ha demostrado ser insuficiente, e incluso contraproducente, al hacer
invisible las causas estructurales del delito, como la exclusión social, la
desigualdad, la violencia estructural o el abandono institucional.
Elementos
esenciales de una correcta política criminal estatal:
Fundamentación
en los derechos humanos: La política criminal debe respetar y promover los
derechos humanos en todas sus fases; esto implica, por ejemplo, garantizar el
debido proceso, evitar la criminalización selectiva de poblaciones vulnerables
y asegurar condiciones penitenciarias dignas. No se trata solo de aplicar
normas penales, sino de decidir cuáles normas se aplican, cómo y para qué
fines, la pena nunca debe ser un fin en sí mismo, sino un recurso último ante
la ineficacia de otras estrategias sociales.
Prevención:
Una política criminal centrada exclusivamente en la sanción es miope y
reactiva; por el contrario, una política criminal moderna debe enfocarse en la
prevención primaria (educación, fortalecimiento del tejido social,
oportunidades laborales), secundaria (intervención temprana en poblaciones de
riesgo) y terciaria (reintegración y reducción de la reincidencia). La
prevención, aunque menos visible políticamente, es más eficaz y menos costosa a
largo plazo.
No
puede diseñarse una política criminal seria sin comprender adecuadamente el
fenómeno criminal, esto requiere información estadística confiable, estudios
criminológicos interdisciplinarios y la identificación de patrones sociales,
económicos y culturales que inciden en la criminalidad. La toma de decisiones
debe basarse en evidencia, no en discursos mediáticos o percepciones
distorsionadas del miedo al delito.
Una
política criminal adecuada debe promover un sistema penal proporcional y
selectivo, no todos los conflictos deben traducirse en delitos, ni todos los
delitos deben solucionarse con prisión. La expansión sancionaría irreflexiva
solo contribuye a la acumulación carcelaria y a la saturación judicial, sin mejorar
la seguridad real, es indispensable repensar el uso del derecho penal como
“última razón”, reservándolo para casos graves.
Enfoque
interinstitucional: La política criminal no puede ser diseñada ni ejecutada por
una sola institución, se requiere la coordinación efectiva entre múltiples
actores como el poder judicial, el legislativo, el ejecutivo, la policía, las
universidades, las municipalidades y la sociedad civil, desde este enfoque
sistémico se permite articular mejor las fases de prevención, control, sanción
y reinserción.
Transparencia
y rendición de cuentas: La política criminal, como expresión del poder disciplinario
del Estado, debe estar sujeta a mecanismos de control democrático. La
ciudadanía tiene el derecho de conocer las políticas, los criterios de
priorización y los resultados obtenidos, la oscuridad alimenta la desconfianza
y permite el uso abusivo o ineficiente del poder penal.
La
reinserción social es una prioridad: El éxito de una política criminal no se
mide por el número de personas condenadas, sino por la capacidad de transformar
vidas, prevenir la reincidencia y promover la convivencia pacífica. El sistema
penitenciario debe ser visto como una oportunidad para la educación, el
tratamiento de adicciones, la capacitación laboral y la construcción de
ciudadanía, la reinserción no es un favor es una obligación constitucional y
ética.
Las instituciones
que generan y ejecutan política criminal en Costa Rica cuenta con un entramado diverso
que incide ya sea directa o indirectamente, en la formulación y ejecución de su
política criminal. A continuación, se detallan algunas de las principales
entidades y sus respectivos campos de acción:
1.
Asamblea Legislativa (Campo: Normativo, preventivo y sancionatorio)
Como
poder legislativo, dicta las leyes penales sustantivas y procesales, tiene la
facultad de normalizar las conductas, establecer penas y crear marcos legales
de prevención. Sin embargo, muchas veces sus decisiones responden más a
presiones indirectas que a diagnósticos técnicos, generando populismo penal y
sobre criminalización.
2.
Poder Judicial – Fiscalía General y Defensa Pública (Campo: Persecución penal y
garantía procesal)
La
Fiscalía lidera la persecución penal, mientras la Defensa Pública asegura el
respeto al debido proceso. Aunque ambos actores operan en lógicas distintas,
deben equilibrarse para garantizar una justicia imparcial, una política criminal
saludable no se basa en castigar a toda costa, sino en asegurar justicia real
para todos los involucrados.
3.
Organismo de Investigación Judicial (OIJ) (Campo: Investigación penal,
prevención del delito)
El
OIJ es responsable de la investigación criminal bajo la dirección funcional del
Ministerio Público. Sus diagnósticos y estadísticas permiten orientar recursos
hacia fenómenos criminales específicos; no obstante, requiere mayor inversión
para desarrollar análisis criminal predictivo y metodologías modernas de
investigación.
4.
Fuerza Pública (Campo: Prevención del delito, control social)
Se
encarga del resguardo del orden público, tiene una función preventiva clave; sin
embargo, se ha denunciado el uso desproporcionado de la fuerza en ciertos
contextos y la criminalización de poblaciones marginadas. Es urgente capacitar
al personal en derechos humanos y enfoques comunitarios de seguridad.
5.
Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Instituto Mixto de Ayuda Social
(IMAS), Ministerio de Educación Pública (MEP)
Estas
instituciones, aunque no son operadores directos del sistema penal, inciden en
la política criminal desde la prevención primaria. Su labor en contextos de
vulnerabilidad puede evitar que muchas personas caigan en el circuito
delictivo, integrar su trabajo en la política criminal es un acto de
inteligencia estatal.
Noticias Repretel CR. https://www.instagram.com/p/DJShJojsr-G/
Reflexionando críticamente y sobre las propuestas la política criminal costarricense ha sido históricamente reactiva, fragmentada y poco sostenible, ha privilegiado la represión inmediata por encima de la prevención estructural, y ha apostado por el encarcelamiento masivo sin una estrategia clara de reinserción. Esto ha generado cárceles con acumulación, altos niveles de reincidencia y una justicia percibida como desigual.
“Actualmente,
a la hora de elaborar la Política Criminal, los gobernantes tienden a buscar
medidas paliativas comunes que los dejen bien parados ante la opinión pública,
ocasionando con ello una serie de consecuencias negativas...” (Ramírez, P,
Rodríguez, S. 2019).
Una
transformación auténtica exige una visión integral, centrada en la dignidad
humana, la justicia restaurativa y la corresponsabilidad social. El Estado no
puede delegar todo el peso de la seguridad en la policía o las prisiones, debe
invertir en educación, salud mental, vivienda, cultura y oportunidades, porque
esas son las verdaderas raíces de la seguridad.
Es
necesario construir una política criminal que no castigue la pobreza ni
reproduzca desigualdades, sino que contribuya a desmontarlas. Que no trate a
las personas como “enemigos” del sistema, sino como ciudadanos con derechos y
potencial de cambio.
Reformar
la política criminal no es solo tarea de juristas: requiere un compromiso ético
de toda la sociedad.
Referencias Bibliográficas
Noticias
Repretel CR. (2025). Rodrigo Chaves defendió
su estrategia de seguridad, pese al aumento de la criminalidad registrado en lo
que va del año. https://www.instagram.com/p/DJShJojsr-G/
Ramírez Zúñiga, P.S, Rodríguez Jarquín, S, J. (2019). Política criminal en Costa Rica: un análisis desde el sistema penitenciario costarricense. UCR. https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/items/deb38998-36da-4c97-b6e6-6d2fd8f12e59?utm_source
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