En
una época marcada por el crecimiento exponencial del delito y el sentimiento
generalizado de inseguridad, hablar de política criminal ya no puede limitarse
a debates jurídicos o institucionales. Es una cuestión de interés colectivo, de
justicia y, sobre todo, de responsabilidad estatal, la política criminal no
debe entenderse como una simple herramienta legal, sino como una estrategia
pensada para salvaguardar derechos, reducir daños sociales y contribuir a la
paz social. Para lograrlo, es vital diferenciarla de la política general, sin
perder de vista que ambas se relacionan estrechamente.
Desde
el documento de Julio Enrique Aparicio, se deja claro que una política criminal
ineficiente puede convertirse en una carga social, económica y humana difícil
de sostener; por ello, más que insistir en la represión, debemos promover una
visión crítica, racional y preventiva del fenómeno criminal. La siguiente
reflexión busca precisamente eso: distinguir adecuadamente entre política
general y política criminal, y luego argumentar por qué una política criminal
bien orientada representa uno de los pilares más valiosos para el desarrollo y
la unión social.
La
política general es el marco amplio desde el cual el Estado dirige los asuntos
públicos, se ocupa de diseñar y ejecutar estrategias en materia económica,
social, educativa, sanitaria, ambiental y de seguridad, su función es
garantizar el bienestar colectivo a través de decisiones que afectan a toda la
población. La política general establece el “cómo” se gobierna y “para qué” se
orientan los recursos públicos, su alcance es amplio, integral y abarca
múltiples dimensiones de la vida en sociedad.
La
política criminal, en cambio, es una expresión especializada de esa política
general, centrada en la prevención, control y respuesta ante la criminalidad.
Mientras la política general busca el
desarrollo y la organización global del país, la política criminal se enfoca en
determinar qué conductas se consideran delictivas, cómo deben sancionarse,
qué métodos de prevención son efectivos y cómo lograr la reinserción social del
infractor.
Ahora
bien, aunque la política criminal surge dentro del marco de la política
general, tiene características que justifican su distinción como disciplina
autónoma:
Tiene
un objeto específico: el delito y sus consecuencias sociales, requiere un
enfoque técnico-multidisciplinario: involucra criminología, sociología, derecho
penal, psicología y políticas públicas, opera bajo un fuerte control jurídico:
por su capacidad de limitar derechos fundamentales.
Según
nos dice Aparicio, J. E, “una Política Criminal Integral es un conjunto amplio,
complejo y diversificado de medidas y acciones [...] tendiente a reducir,
limitar y atenuar el delito en general, la violencia como base, promoviendo el
ascenso social de la población y el desarrollo económico social del país” (p.
2). Esto deja en evidencia que su función trasciende el castigo: está al
servicio del bienestar social y de la transformación estructural de las causas
del crimen.
La falsa
solución de la represión penal, uno de los aportes más relevantes del documento
de Aparicio, J. E, es su denuncia clara contra el uso desmedido del castigo
como herramienta central de la política criminal. Cuando el delito se combate
únicamente con represión —más cárceles, más penas, más policías— se genera una
falsa sensación de control, mientras el problema de fondo se agrava, el autor
expone el caso de Estados Unidos, donde se invierten más de 93 millones de
dólares diarios en prisiones, con tasas de reincidencia del 66%. Esta cifra
pone en evidencia el fracaso del modelo correctivo como respuesta aislada.
Además,
se señala cómo el gasto excesivo en sistemas penitenciarios desplaza recursos
fundamentales en salud, educación y vivienda, generando un efecto contrario al
esperado: “consecuentemente aumenta la pobreza y la marginalidad, la
ineducación, la enfermedad y las adicciones. Este círculo vicioso realimenta la
violencia y el delito”.
Este
diagnóstico obliga a replantear el sentido de la política criminal: no como
castigo, sino como herramienta para construir convivencia social, recuperar el
tejido comunitario y prevenir el delito desde la raíz.
Los beneficios
de una política criminal bien planteada y dirigida dentro de este panorama, sería
crear un diseño de una política criminal bien estructurada ofreciendo
beneficios sustanciales para toda la sociedad. Entre los más relevantes,
destacan:
Mayor
eficiencia del sistema de justicia: Una política criminal clara, preventiva y
con criterios racionales permite descomprimir al sistema judicial, evitar el
colapso carcelario y mejorar la calidad de las intervenciones penales. La
justicia deja de actuar a ciegas y gana en coherencia y efectividad.
Reducción
del delito a largo plazo: Al enfocarse en la prevención, en la inclusión social
y en el fortalecimiento de entornos seguros para jóvenes y familias, la
política criminal impacta positivamente en la reducción del delito. La
represión detiene, pero no transforma; la prevención, en cambio, rompe los
ciclos de violencia.
Uso
racional de los recursos del Estado: Invirtiendo en estrategias comunitarias,
educativas, sanitarias y urbanas, se reduce la necesidad de medidas costosas
como el encarcelamiento, esto permite un manejo más sostenible del gasto
público, y además genera políticas públicas con enfoque social y no meramente
punitivo.
Fortalecimiento
de la confianza ciudadana: Una política criminal coherente y respetuosa de los
derechos humanos mejora la legitimidad del Estado y cuando la ciudadanía
percibe que hay justicia, que no se castiga por pobreza ni por diferencia, se
restablece la confianza y la participación democrática.
Reinserción
y justicia restaurativa: Una política criminal moderna apuesta por la
resocialización del infractor, brindando herramientas para que retome una vida
productiva. Las penas alternativas, la educación intracarcelaria y los
programas de justicia restaurativa permiten reparar el daño sin recurrir al
encierro perpetuo.
En conclusión,
dentro del control al equilibrio social, la política criminal no puede seguir
funcionando como un apéndice de emergencia del sistema penal, requiere
planificación, diagnóstico, diálogo interdisciplinario y voluntad de cambio.
Como señala Aparicio, J. E, no se trata solo de reaccionar al delito, sino de
construir condiciones sociales que hagan menos probable su aparición.
Diferenciar
política criminal de política general no es un juego académico es una necesidad
estructural, una política criminal bien planteada debe formar parte de un
proyecto más amplio de desarrollo humano y justicia social. Cuando se logra ese
equilibrio —entre prevención, sanción, reintegración y participación ciudadana—,
se fortalece no solo el Estado, sino también la vida democrática y la
convivencia pacífica.
La
seguridad no nace del miedo ni del castigo desmedido. Nace de la justicia, de
la inclusión y de la dignidad. Esa es la política criminal que necesitamos
construir.
Aparicio,
J. E. ¿Qué es una Política Criminal? Y
¿cómo se elaboran una Política Criminal y un Plan Director de Política Criminal?
[Archivo PDF] file:///C:/Users/Ashley/AppData/Local/Temp/Rar$DIa8268.3368/Qu%C3%A9%20es%20una%20Pol%C3%ADtica%20Criminal.pdf
Punto
de Referencia (2025). El millonario
negocio de las cárceles para personas #migrantes en EUA. https://www.facebook.com/PuntoDeReferenciaMex/videos/el-millonario-negocio-de-las-c%C3%A1rceles-para-personas-migrantes-en-eua/1373887033952048/
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