Se examina
cómo el control social hoy se fragmenta entre esferas estatales y privadas, el
surgimiento de las empresas de seguridad privada representa una forma
contemporánea de regulación social, el Estado delega funciones tradicionales de
vigilancia y prevención en actores empresariales. Desde una perspectiva
criminológica, esto implica una repetición en el control, por un lado, la
lógica estatal busca mantener el orden; por otro, el mercado responde a la
demanda de inseguridad percibida por amplios sectores de la población.
El
control ejercido por estas empresas no es neutro, selectivamente protege
sectores con capacidad de pago, generando inequidad en el acceso a la seguridad,
además, se alerta sobre el riesgo de privatización de servicios públicos
esenciales, reduciendo la presión para fortalecer la seguridad estatal y
debilitando la capacidad de regulación y rendición de cuentas. En contraste,
también se reconoce el potencial preventivo de estos servicios, siempre y
cuando estén integrados en una estrategia estatal coordinada y basada en principios
de derechos humanos.
Un
proyecto de ley presentado en un artículo periodístico nacional titulado “Plan
busca agilizar acreditación de agentes de seguridad privada” pretende
transferir a las propias empresas de seguridad la facultad de emitir
credenciales a sus agentes, tras verificaciones automatizadas en la base del
Ministerio de Seguridad Pública. La propuesta busca aliviar los cuellos de
botella en el trámite de acreditación para unos 30 000 agentes, actualmente
gestionados con retrasos prolongados, el objetivo declarado es agilizar la
formalización y modernizar la regulación de un sector clave en la seguridad
pública privada de Costa Rica.
El
artículo subraya que, aunque la iniciativa podría mejorar la operatividad del
sistema, también genera preocupaciones como por ejemplo que se podría debilitar
la supervisión estatal directa, y también abrir brechas en la transparencia,
rendición de cuentas y calidad de formación de los agentes.
Desde
una mirada técnica-criminológica, el expansionismo de la seguridad privada en
Costa Rica representa un fenómeno confuso; por un lado, responde a una demanda
real de protección; por otro, plantea retos serios de coordinación
institucional y control democrático. El traslado de funciones estatales (como
la acreditación) a manos privadas muestra cómo el Estado externaliza su
autoridad sin fortalecer sus mecanismos regulatorios.
El
riesgo es claro una pérdida de legitimidad del Estado como patrón exclusivo de
la seguridad ciudadana. Si las empresas acreditan a sus propios agentes sin
supervisión efectiva, ¿quién garantiza la calidad del servicio, el respeto de
derechos laborales o el uso proporcionado de la fuerza?
Por
ello, propongo un modelo mixto, reconocimiento de la seguridad privada, con
protocolos claros y garantías legales, pero con supervisión estatal reforzada.
El Ministerio de Seguridad debe mantener competencias esenciales: licencias,
controles periódicos e inspecciones independientes. La acreditación delegable
podría funcionar solo si se implementan auditorías externas, sanciones
efectivas y formación estandarizada exigida desde el Estado.
Más
aún, estos servicios deben integrarse en un plan nacional de seguridad,
conectado con prevención comunitaria, fortalecimiento policial y políticas de
inclusión social. La privatización no puede ser un mecanismo para descargar
responsabilidades estatales; debe ser un complemento estratégico, regulado,
transparente y alineado con los principios de proporcionalidad y justicia
social.
En
conclusión, el auge de la seguridad privada en Costa Rica plantea una alternativa
de control social: ¿reforzar la seguridad legislativa o profundizar la
privatización sin control? La respuesta está en construir un sistema híbrido
donde el Estado no abandone su rol, sino lo administre con rigidez técnica,
coherencia humana y transparencia, solo así se podrá garantizar que la
seguridad sea un derecho accesible, equitativo y eficaz.
Referencias
Campos Santelices, A. (2024). Violencia Social. San José, Costa Rica:
EUNED.
Mora, C. (abril de 2024). Plan busca agilizar acreditación de agentes
de seguridad privada. https://www.crhoy.com/plan-busca-agilizar-acreditacion-de-agentes-de-seguridad-privada/?utm
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