En las últimas décadas, las democracias latinoamericanas han mostrado señales preocupantes de agotamiento en sus sistemas de justicia penal y Costa Rica no es ajena a este fenómeno, el aparato jurídico, aferrado a modelos inquebrantables, responde con lentitud a nuevas formas de criminalidad y reproduce respuestas sancionarías que no solo resultan ineficaces, sino que generan efectos sociales adversos.
En
este contexto, la criminología se presenta como una herramienta imprescindible
para el diseño de una política criminal que no repita errores del pasado, sino
que proponga soluciones sostenibles, humanas y contextualizadas.
La
criminología, como ciencia práctica e interdisciplinaria, ofrece un enfoque
analítico riguroso sobre las causas, condiciones y consecuencias del delito. Va
más allá de la mera estadística y explora dimensiones sociales, económicas,
culturales, psicológicas y políticas del fenómeno criminal.
Por
eso, su relevancia para la política criminal es indiscutible, mientras el
derecho penal determina, la criminología explica, donde la norma establece
sanciones, la criminología interroga las causas. No puede haber una política
criminal coherente si se ignora la realidad que pretende transformar.
Uno
de los grandes obstáculos del derecho penal tradicional es su tendencia a abstraerse
de los contextos. La doctrina penal costarricense, por ejemplo, se ha enfocado
históricamente en la teoría del delito, dejando en segundo plano la realidad
social donde el delito ocurre. Esto ha favorecido una política criminal
reactiva, muchas veces influenciada por climas de opinión pública antes que,
por evidencia científica, es de este modo que, se promulga para tranquilizar
momentáneamente a la ciudadanía, no para resolver los problemas estructurales
que producen y reproducen la criminalidad.
La
criminología propone una forma distinta de entender y gestionar la
criminalidad, no niega el papel del derecho penal, pero lo sitúa dentro de un
sistema más amplio que incluye factores de prevención, intervención
comunitaria, justicia restaurativa y la reinserción social. Desde esta
perspectiva, el castigo pierde centralidad y se convierte en un medio, no en un
fin; en cambio, la política criminal se redefine como una herramienta integral
de política pública, orientada no a castigar más, sino a castigar mejor, y en
muchos casos, a evitar castigos innecesarios.
Una
política criminal basada en el conocimiento criminológico permite diferenciar
entre distintos tipos de delitos y de ofensores, no todos los crímenes tienen
la misma causa, ni todos los infractores presentan los mismos riesgos o
necesidades, esta distinción es fundamental para optimizar recursos estatales y
evitar respuestas automatizadas que, lejos de disuadir, profundizan ciclos de
exclusión y reinserción a la sociedad. La criminología, por tanto, no solo
informa decisiones políticas, sino que las humaniza, al reconocer la
complejidad de los sujetos y de sus contextos.
En
Costa Rica, los esfuerzos por integrar la criminología a la política criminal
han sido tímidos, si bien existen profesionales formados en criminología dentro
del sistema penitenciario, la mayoría de las decisiones de política criminal
siguen siendo tomadas por actores jurídicos sin formación interdisciplinaria.
Esto
genera un círculo vicioso: se legisla desde el desconocimiento del fenómeno
criminal, se aplica una política disciplinaria ineficaz, y luego se culpa al
infractor de un sistema que nunca lo entendió, esta lógica debe ser rota con
urgencia.
Romper
el estancamiento requiere repensar los fines del derecho penal, si este debe
proteger bienes jurídicos y preservar la convivencia social, entonces debe ser
racional, proporcional y auxiliar; sin embargo, la política criminal en Costa
Rica ha derivado en muchas ocasiones hacia el populismo penal: se endurecen
penas, se amplían tipos penales y se recurre a la prisión como respuesta
preferente, sin evaluar el impacto real de estas medidas, en este punto, la
criminología ofrece una voz opositora, fundamentada y crítica.
Por
ejemplo, diversos estudios han demostrado que el aumento de penas no reduce la
criminalidad de forma sostenida y tampoco la sobrepoblación carcelaria mejora
la seguridad ciudadana, lo que sí ha logrado demostrar eficacia son los
programas de prevención situacional, la inversión en educación y salud, el
fortalecimiento del tejido comunitario, y las políticas de inclusión social.
Todos estos elementos son ajenos al derecho penal, pero centrales para una
criminología comprometida con la justicia social y no solo con el control
formal.
Además,
es necesario que la política criminal tenga mecanismos de evaluación y
retroalimentación, una política sin diagnósticos actualizados, sin indicadores
de impacto, y sin capacidad de corrección, está destinada al fracaso. La criminología
aporta precisamente estas herramientas: metodologías para evaluar programas,
estudios longitudinales sobre reincidencia, entre otros. Con ello, no solo se
mejora la eficacia de las políticas públicas, sino que se garantiza un uso
racional del poder disciplinario del Estado.
Ahora
bien, integrar la criminología en la política criminal no es solo una cuestión
técnica, sino también política, se requiere voluntad institucional, cambios
legislativos, y una nueva cultura jurídica, significa aceptar que el derecho
penal no es autosuficiente, que necesita de otras disciplinas para cumplir sus
fines. También implica asumir que muchas veces el delito no es un simple acto
individual, sino el síntoma de estructuras sociales más amplias: pobreza,
desigualdad, violencia intrafamiliar, consumo problemático de drogas, entre
otros.
Por
eso, la propuesta no es abandonar el derecho penal, sino reformular su papel dentro
del sistema de justicia, en lugar de ser el centro, debe ser el último recurso,
en lugar de aplicar castigos uniformes, debe promover respuestas diferenciadas.
En lugar de basarse en intuiciones y presiones mediáticas, debe fundamentarse
en evidencia, esta es la propuesta que la criminología trae consigo: un derecho
penal más humilde, más inteligente, más humano.
La
relación entre derecho penal y criminología, defiende por una política criminal
moderna, no debe ser de competencia, sino de colaboración, es así como la
medicina necesita de la biología, el derecho penal necesita de la criminología.
Solo desde esta alianza se puede construir una justicia verdaderamente
restaurativa, capaz de sanar el daño social y de evitar que la cárcel sea la
única respuesta del Estado frente al conflicto.
En
resumen, la criminología es crucial para salir del estancamiento jurídico-penal
en Costa Rica, su aporte permite diseñar políticas criminales más eficaces,
legítimas y humanas. También nos invita a repensar los objetivos del derecho
penal, a cuestionar sus excesos y a proponer alternativas sustentadas, ignorar
la criminología es condenar a la política criminal a la improvisación y al
fracaso, integrarla, en cambio, es dar un paso hacia una justicia con
conocimiento, con contexto y con compasión.
"Se
hace necesario potenciar la discusión político-criminal desde ópticas
interdisciplinarias, como parte de la solución al problema de las prácticas
tradicionales –populistas– que normalmente suelen centrar la discusión
político-criminal en forma inmediatista y sin partir de evidencias." (Martínez,
R, Gaspar, A, p. 8)
Referencias Bibliográficas
Gaspar Chirino,
A & Martínez Huamán, R. (2015). Estudios
de Política Criminal y Derecho Penal: Actuales Tendencias. [Archivo PDF] file:///C:/Users/Ashley/AppData/Local/Temp/Rar$DIa4596.474/Politica%20criminal%20y%20derecho%20penal.pdf
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